La Concejal Alejandra Pignataro(Partido Socialista) presentó un Proyecto de Resolución declarando de "Interés Social y Educativo" el trabajo que realizaron durante este año los estudiantes de la SB Nº 3 y la Media Nº 13 en el Marco del Programa Jóvenes y Memoria que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria.
Consultada sobre el tema, Pignataro expresó que el programa tiene por objeto "renovar la forma de enseñar y aprender Ciencias Sociales, fortaleciendo espacios curriculares ya existentes en la educación formal. Además intenta activar el proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva como forma de afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas democráticas y el compromiso cívico crítico de las nuevas generaciones. Se trata de impactar sobre la subjetividad de los jóvenes, en sus formas de percibir el presente y en la capacidad para pensarse como sujetos autónomos, concientes y responsables de sus opciones y prácticas" además señaló "en Merlo pocas han sido las investigaciones históricas del pasado reciente, por eso adquiere mayor dimensión que éstas investigaciones hayan sido realizadas por estudiantes secundarios de escuelas públicas del distrito" además, la Concejal Pignataro, que también es trabajadora de la educación remarcó "tuve el privilegio de estar presente cuando presentaron los cortos en el barrio, ver las caras de satisfacción de esos pibes por el trabajo realizado y la alegría de la comunidad educativa que los acompañó en todo" por último la Concejal socialista sostuvo "desde el HCD debemos hacer todo el esfuerzo posible para apoyar a la educación, por eso no me cabe duda que en la primer sesión ordinaria del año que viene, este Proyecto será aprobado por unanimidad" sentenció la edil.
martes, 29 de diciembre de 2009
Acuerdo por la Seguridad Democrática
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
viernes, 25 de diciembre de 2009
Mediación en Merlo
La Concejal Alejandra Pignataro (Partido Socialista) presentó un Proyecto de Ordenanza para que en Merlo se cree el Sistema de Mediación Comunitaria.
Consultada sobre el Proyecto, Pignataro sostuvo " la Mediación Vecinal es un procedimiento cooperativo, en el que un tercero imparcial, facilita la comunicación entre los vecinos, para que estos en forma colaborativa encuentren una solución mutuamente ventajosa" además señaló que es importante "la necesidad de crear centros de mediación en las distintas Localidades, a fin de descentralizar y procurar que sean ellos los receptores de los reclamos, inquietudes y consultas de la problemática local, a fin de brindar solución de manera rápida, eficaz y gratuita" por último, la joven Concejal socialista manifestó "que es imprescindible romper con la apatía y la resignación que promueven los ideólogos del sistema si queremos trasformar la realidad; y, en ese sentido, no debemos escatimar esfuerzos para lograr que el Estado Municipal promueva la participación ciudadana".
Consultada sobre el Proyecto, Pignataro sostuvo " la Mediación Vecinal es un procedimiento cooperativo, en el que un tercero imparcial, facilita la comunicación entre los vecinos, para que estos en forma colaborativa encuentren una solución mutuamente ventajosa" además señaló que es importante "la necesidad de crear centros de mediación en las distintas Localidades, a fin de descentralizar y procurar que sean ellos los receptores de los reclamos, inquietudes y consultas de la problemática local, a fin de brindar solución de manera rápida, eficaz y gratuita" por último, la joven Concejal socialista manifestó "que es imprescindible romper con la apatía y la resignación que promueven los ideólogos del sistema si queremos trasformar la realidad; y, en ese sentido, no debemos escatimar esfuerzos para lograr que el Estado Municipal promueva la participación ciudadana".
viernes, 18 de diciembre de 2009
El Pueblo de Merlo necesita quien lo defienda
La Concejal Alejandra Pignataro (Partido Socialista) presentó un Proyecto de Ordenanza para que se cree en Merlo el Defensor del Pueblo.
Consultada sobre el tema, la joven edil manifestó que "debería constituir un objetivo esencial de la administración comunal fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad , en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente". Además recalcó que desde el socialismo "buscamos fomentar la participación, y ésta descanza en una serie de principios fundamentales que son: la publicidad, la información veráz, la desmonopolización, la descentralización, la ética y la transparencia" para concluir expresó "que al producirse el proceso de reforma Constitucional del año 1994 fue incorporado, tanto a nivel Nacional como Provincial, a través de los artículos 86º y 55º respectivamente, el Instituto del Defensor del Pueblo y fueron varios los municipios bonaerenses que ya lo han implimentado; por lo que confío en que el HCD aprobará este Proyecto de Ordenanza para beneficio del pueblo merlense"
Consultada sobre el tema, la joven edil manifestó que "debería constituir un objetivo esencial de la administración comunal fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad , en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente". Además recalcó que desde el socialismo "buscamos fomentar la participación, y ésta descanza en una serie de principios fundamentales que son: la publicidad, la información veráz, la desmonopolización, la descentralización, la ética y la transparencia" para concluir expresó "que al producirse el proceso de reforma Constitucional del año 1994 fue incorporado, tanto a nivel Nacional como Provincial, a través de los artículos 86º y 55º respectivamente, el Instituto del Defensor del Pueblo y fueron varios los municipios bonaerenses que ya lo han implimentado; por lo que confío en que el HCD aprobará este Proyecto de Ordenanza para beneficio del pueblo merlense"
jueves, 17 de diciembre de 2009
26 años de la creación de la CONADEP
Homenaje realizado por la Concejal Alejandra Pignataro a los 26 años de la creación de la CONADEP en la sesión extraordinaria del HCD de Merlo el día 17 de diciembre.
Quiero recordar que el 15 de diciembre de 1983, a los 5 días de haber asumido su mandato presidencial, el Pte. Raúl Alfonsín firmó el decreto de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Dicho decreto decía entre sus considerados que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”.
Dos días antes, ya había decretado el juicio sumario a la cúpula militar que usurpó el gobierno en 1976, ordenando que el enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos.
Todos recordaran que Alfonsín luchó siempre por la defensa de los Derechos Humanos, cuando las cosas estaban difíciles de verdad. En 1975, ante el accionar violento e impune de la triple A fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto a otras personalidades como el Prof. Alfredo Bravo; el no tomó dicha bandera por conveniencia ni especulación, él lo hizo por convicción!
Pero, para este homenaje quiero hacer mías las palabras de un intelectual, un intelectual orgánico en el sentido gramsciano del término, voy a leer las palabras que Juan Carlos Portantiero escribiera en el prólogo del libro “Memoria Política” de Raúl Alfonsín.
Portantiero decía “No sé si curiosamente o como producto natural de una sociedad que es renuente para autoinculparse de sus defecciones, la bandera de los derechos humanos en la presidencia de Alfonsín, valorada en todo el mundo como un ejemplo con escasas (o ninguna) réplica, ha sido entre nosotros menoscabada, al punto que desde altas tribunas pudo insinuarse que en los veinte años de democracia nada se había hecho en ese sentido -por lo cual, quienes desde ahora tomaban esa tarea en sus manos, aparentemente desde la nada histórica, debían pedir perdón a la sociedad.
Esa operación subestimatoria alcanza su cifra máxima en la persuasión que cierta comunicación ha transmitido con la fuerza de una lápida: lo que queda como saldo del período 1983-1989 en materia de derechos humanos no es la Conadep, el Nunca Más y el inédito juicio y condena a las Juntas Militares, sino las leyes de punto final y de obediencia debida. En esa línea mendaz de razonamiento, esos instrumentos legales que acotaban en el tiempo y en el número el desfile de militares en los juzgados han sido equiparados al indulto dispuesto por Carlos Menem en una misma saga de debilidades y defecciones. Esta afirmación omite la presentación de un simple dato que marca la diferencia esencial entre ambos momentos: en 1989, al final de la presidencia de Raúl Alfonsín, había siete altos jefes militares condenados a prisión -algunos de ellos, a perpetua-, 27 procesados, tres condenados por su actitud en la guerra de Malvinas, y 92 procesos y 342 sanciones disciplinarias como resultado de los tres levantamientos militares encabezados por Rico y Seineldín. No eran pocos -pese al punto final y la obediencia debida- los que estaban sometidos a la Justicia: al punto que el indulto menemista benefició, nada menos, que a 220 militares y a 70 civiles. Pese a lo rotundo de estas cifras, muchos son todavía renuentes a reconocer lo que la historia seguramente enfatizará con el tiempo: que el período abierto en 1984 ha sido, en materia de Derechos Humanos, un jalón único y que ese mérito debe atribuirse al coraje cívico con que Alfonsín encaró la cuestión, mientras el candidato del justicialismo aprobaba la auto amnistía dictada ilegalmente por los militares del Proceso”
Es cierto que Portantiero no era “neutral”; él junto a otros intelectuales habían apoyado decididamente al gobierno del Dr. Alfonsín desde el Círculo de Cultura Socialista; porque en esa época todavía existían los sueños y se permitía hablar del socialismo en democracia; no como ahora que nos hablan del “capitalismo serio”.
Más adelante Portantiero resaltaba un párrafo de Alfonsín "Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bienintencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?". Y Portantiero sostiene que “la respuesta es, para el sentido común, obvia, pero, sin embargo, hoy parecen tener más repercusión algunos gestos retóricos en un tiempo que ya no convoca riesgos, que aquella solitaria audacia democrática de haber juzgado y condenado, veinte años atrás, a las Juntas Militares responsables del terrorismo de Estado.” Pero se equivocó! Los que pretendieron reescribir la historia y modificaron el prólogo del “Nunca Más”, el libro fruto de las investigaciones de la Conadep, deberán cargar en sus conciencias el haber subestimado a los grupos de ex militares que en un gesto de impunidad desaparecieron en plena democracia al compañero Jorge Julio López.
La Conadep recuperó una parte de nuestro pasado, apropiémonosla para comprender el presente y construir el futuro.
Quiero recordar que el 15 de diciembre de 1983, a los 5 días de haber asumido su mandato presidencial, el Pte. Raúl Alfonsín firmó el decreto de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Dicho decreto decía entre sus considerados que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”.
Dos días antes, ya había decretado el juicio sumario a la cúpula militar que usurpó el gobierno en 1976, ordenando que el enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos.
Todos recordaran que Alfonsín luchó siempre por la defensa de los Derechos Humanos, cuando las cosas estaban difíciles de verdad. En 1975, ante el accionar violento e impune de la triple A fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto a otras personalidades como el Prof. Alfredo Bravo; el no tomó dicha bandera por conveniencia ni especulación, él lo hizo por convicción!
Pero, para este homenaje quiero hacer mías las palabras de un intelectual, un intelectual orgánico en el sentido gramsciano del término, voy a leer las palabras que Juan Carlos Portantiero escribiera en el prólogo del libro “Memoria Política” de Raúl Alfonsín.
Portantiero decía “No sé si curiosamente o como producto natural de una sociedad que es renuente para autoinculparse de sus defecciones, la bandera de los derechos humanos en la presidencia de Alfonsín, valorada en todo el mundo como un ejemplo con escasas (o ninguna) réplica, ha sido entre nosotros menoscabada, al punto que desde altas tribunas pudo insinuarse que en los veinte años de democracia nada se había hecho en ese sentido -por lo cual, quienes desde ahora tomaban esa tarea en sus manos, aparentemente desde la nada histórica, debían pedir perdón a la sociedad.
Esa operación subestimatoria alcanza su cifra máxima en la persuasión que cierta comunicación ha transmitido con la fuerza de una lápida: lo que queda como saldo del período 1983-1989 en materia de derechos humanos no es la Conadep, el Nunca Más y el inédito juicio y condena a las Juntas Militares, sino las leyes de punto final y de obediencia debida. En esa línea mendaz de razonamiento, esos instrumentos legales que acotaban en el tiempo y en el número el desfile de militares en los juzgados han sido equiparados al indulto dispuesto por Carlos Menem en una misma saga de debilidades y defecciones. Esta afirmación omite la presentación de un simple dato que marca la diferencia esencial entre ambos momentos: en 1989, al final de la presidencia de Raúl Alfonsín, había siete altos jefes militares condenados a prisión -algunos de ellos, a perpetua-, 27 procesados, tres condenados por su actitud en la guerra de Malvinas, y 92 procesos y 342 sanciones disciplinarias como resultado de los tres levantamientos militares encabezados por Rico y Seineldín. No eran pocos -pese al punto final y la obediencia debida- los que estaban sometidos a la Justicia: al punto que el indulto menemista benefició, nada menos, que a 220 militares y a 70 civiles. Pese a lo rotundo de estas cifras, muchos son todavía renuentes a reconocer lo que la historia seguramente enfatizará con el tiempo: que el período abierto en 1984 ha sido, en materia de Derechos Humanos, un jalón único y que ese mérito debe atribuirse al coraje cívico con que Alfonsín encaró la cuestión, mientras el candidato del justicialismo aprobaba la auto amnistía dictada ilegalmente por los militares del Proceso”
Es cierto que Portantiero no era “neutral”; él junto a otros intelectuales habían apoyado decididamente al gobierno del Dr. Alfonsín desde el Círculo de Cultura Socialista; porque en esa época todavía existían los sueños y se permitía hablar del socialismo en democracia; no como ahora que nos hablan del “capitalismo serio”.
Más adelante Portantiero resaltaba un párrafo de Alfonsín "Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bienintencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?". Y Portantiero sostiene que “la respuesta es, para el sentido común, obvia, pero, sin embargo, hoy parecen tener más repercusión algunos gestos retóricos en un tiempo que ya no convoca riesgos, que aquella solitaria audacia democrática de haber juzgado y condenado, veinte años atrás, a las Juntas Militares responsables del terrorismo de Estado.” Pero se equivocó! Los que pretendieron reescribir la historia y modificaron el prólogo del “Nunca Más”, el libro fruto de las investigaciones de la Conadep, deberán cargar en sus conciencias el haber subestimado a los grupos de ex militares que en un gesto de impunidad desaparecieron en plena democracia al compañero Jorge Julio López.
La Conadep recuperó una parte de nuestro pasado, apropiémonosla para comprender el presente y construir el futuro.
viernes, 11 de diciembre de 2009
Grave amenaza para las libertades y derechos de los bonaerenses
La Concejal Alejandra Pignataro (Partido Socialista) presentó un Proyecto de Resolución rechazando el código contravencional que promueve el Gobernador Daniel Scioli (FpV).
Con respecto al mismo, la flamante concejal Socialista expresó "el Gobernador Scioli busca tener una herramienta para avanzar en la criminalización de la protesta social y profundizar la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad"; además añadió "este código contravencional que promueve Scioli es peor que el promovido por Macri en la C.A.B.A; por lo que se pone de manifiesto la incongruencia del discurso oficialista sobre los peligros de la "derecha", cuando son ellos los que promueven la mano dura; la baja de la edad de imputabilidad y la criminalización de la protesta social para frenar los reclamos populares producto del incremento de la desigualdad".
Por ultimo, la joven edil manifestó " la reforma propuesta crea la figura del juez contravencional en cada Municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial" sentenció Pignataro.
Con respecto al mismo, la flamante concejal Socialista expresó "el Gobernador Scioli busca tener una herramienta para avanzar en la criminalización de la protesta social y profundizar la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad"; además añadió "este código contravencional que promueve Scioli es peor que el promovido por Macri en la C.A.B.A; por lo que se pone de manifiesto la incongruencia del discurso oficialista sobre los peligros de la "derecha", cuando son ellos los que promueven la mano dura; la baja de la edad de imputabilidad y la criminalización de la protesta social para frenar los reclamos populares producto del incremento de la desigualdad".
Por ultimo, la joven edil manifestó " la reforma propuesta crea la figura del juez contravencional en cada Municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial" sentenció Pignataro.
martes, 8 de diciembre de 2009
El socialismo suma
La Concejal Alejandra Pignataro realizó una conferencia de prensa donde anunció su incorporasión oficial al Partido Socialista.
En la conferencia se encontraban presentes Jorge Cultri (Secretario General Adjunto del PS de Merlo); Mirta González (Secretaria General del PS Merlo); Rubén Posee (Secretario General de la Primera Sección); Carlos Roberto (Secretario General del Comité Nacional del PS) y el Diputado Nacional Ricardo Cuccovillo (Secretario General Adjunto del PS de Bs. As.).
La Concejal Pignataro expresó que su renuncia al GEN fueron por "demasiadas discrepancias ideológicas. Se estaba haciendo insostenible a nivel local contradecir a los dirigentes de los niveles provincial y nacional. No era nuestra intención irnos del partido, pero no fuimos escuchados...no siento que haya abandonado el partido, más bien siento haber sido abandonada yo..."
Además la jóven edil remarcó la frase de Alem "no debemos abandonar los principios para seguir a los hombres" por último señaló que su incorporación al Socialismo se debía a que "es necesario articular con los demás sectores de la izquierda democrática para construir la nueva sociedad".
lunes, 7 de diciembre de 2009
Renuncia al GEN
Merlo, 25 de noviembre de 2009
A la Mesa Ejecutiva del GEN:
Como sostuviera Antonio Gramsci “Que todos los miembros de un partido político deban ser considerados como intelectuales, he aquí una afirmación que puede prestarse a la burla y a la caricatura; sin embargo, si se reflexiona, nada hay más exacto. Se pueden hacer distinciones de grado, un partido podrá tener una mayor o menor composición del grado más alto o del más bajo, no es esto lo que importa: importa la función directiva y organizativa, es decir, educativa, o sea intelectual”. Siguiendo este razonamiento, queremos expresar, no creemos que un partido político sea una organización cuyo fin último sea acceder al gobierno, sino que debe ser una organización que dispute la batalla de ideas para ganar la hegemonía ideológica –y así, construir poder-; eso puede servir para reproducir el orden vigente o para modificarlo, este último es nuestro objetivo. Por ello, creemos oportuno sostener, hace rato que lo que este grupo de militantes hacemos y decimos cotidianamente en nuestro distrito contradice a lo que hace o dice la dirigencia –y una parte importante de los militantes- del partido: el apoyo a Rural; el voto a favor de las AFJPs y del oligopolio Clarín son algunos ejemplos en el orden nacional. Sumado a las discrepancias en las estrategias electorales; la falta de reglas claras de participación y las diferencias sobre la selección de candidatos a Diputados Nacionales hacen que nuestra participación en el partido se haya vuelto insostenible.
Sabemos que otros han hecho planteos similares en algunos puntos, y han emigrado a la Coalición Cívica, por eso queremos dejar bien en claro que no nos vamos al espacio de la Dra. Carrió. Respetamos a los que consideran que es la principal líder de “la oposición” y hasta podríamos decir que si la tomamos literalmente a la frase la compartimos, pero no podemos compartir que ella es una alternativa válida al personalismo del matrimonio presidencial, ni una figura que calme los espíritus que son crispados desde el oficialismo y si bien creemos que ella quiere redistribuir la riqueza que el modelo kirchnerista concentra en manos de la burguesía industrial extranjerizada, creemos que ella pretende hacerlo a favor de la oligarquía terrateniente y no en beneficio de las mayorías populares; según nuestro parecer hace tiempo que la Dra. Carrió abandonó los ideales que defendió en algún momento para ser la representante de la otra parte de los sectores del privilegio.
Sabemos que existen muchos militantes y dirigentes muy valiosos que se quedan dentro del partido para dar la pelea, les deseamos éxito en la tarea, lamentablemente nosotros no podemos acompañarlos en dicho emprendimiento, ya que nuestras fuerzas están gastadas; para ser una línea interna nos hubiésemos quedado en el radicalismo.
Con la tranquilidad de haber hecho todo lo humanamente posible para hacer conocido al partido, mientras que otros se empecinaban en mimetizarlo con la Coalición Cívica; con la seguridad que nos brinda el haber expresado en cada oportunidad que tuvimos la necesidad de reglas claras de participación, mientras muchos se beneficiaban con la desorganización organizada; con la fortaleza que nos brinda la construcción territorial, aunque los que pululaban por la calle Riobamba momentáneamente se hayan elevado más alto; con la serenidad que nos brinda el hecho de haber brindado siempre la discusión ideológica, aunque para algunos ese tema “no fuese importante” mientras que con otros directamente diferíamos por completo en cuanto a que sectores debíamos representar; con la firmeza de nuestras convicciones, que nos llevan a ser coherentes, consecuentes y consistentes, decimos: A partir del día de la fecha, renunciamos a nuestra afiliación al partido GEN.
Estas cosas quisimos plantearlas personalmente, pero los tiempos políticos impidieron que fuésemos recibidos por los dirigentes del partido luego de las elecciones del 28 de junio.
Como sentenciara Leandro Alem “No abandonar los principios, para seguir a los hombres”, nosotros seguimos con nuestros principios, sólo el tiempo sabrá si optamos por la decisión correcta.
Sin otro particular, saludan muy atentamente.
Laura Borelli; Adrián Cravero; Marcelo Luna; Alberto Mercado; Alejandra Pignataro; siguen las firmas….
A la Mesa Ejecutiva del GEN:
Como sostuviera Antonio Gramsci “Que todos los miembros de un partido político deban ser considerados como intelectuales, he aquí una afirmación que puede prestarse a la burla y a la caricatura; sin embargo, si se reflexiona, nada hay más exacto. Se pueden hacer distinciones de grado, un partido podrá tener una mayor o menor composición del grado más alto o del más bajo, no es esto lo que importa: importa la función directiva y organizativa, es decir, educativa, o sea intelectual”. Siguiendo este razonamiento, queremos expresar, no creemos que un partido político sea una organización cuyo fin último sea acceder al gobierno, sino que debe ser una organización que dispute la batalla de ideas para ganar la hegemonía ideológica –y así, construir poder-; eso puede servir para reproducir el orden vigente o para modificarlo, este último es nuestro objetivo. Por ello, creemos oportuno sostener, hace rato que lo que este grupo de militantes hacemos y decimos cotidianamente en nuestro distrito contradice a lo que hace o dice la dirigencia –y una parte importante de los militantes- del partido: el apoyo a Rural; el voto a favor de las AFJPs y del oligopolio Clarín son algunos ejemplos en el orden nacional. Sumado a las discrepancias en las estrategias electorales; la falta de reglas claras de participación y las diferencias sobre la selección de candidatos a Diputados Nacionales hacen que nuestra participación en el partido se haya vuelto insostenible.
Sabemos que otros han hecho planteos similares en algunos puntos, y han emigrado a la Coalición Cívica, por eso queremos dejar bien en claro que no nos vamos al espacio de la Dra. Carrió. Respetamos a los que consideran que es la principal líder de “la oposición” y hasta podríamos decir que si la tomamos literalmente a la frase la compartimos, pero no podemos compartir que ella es una alternativa válida al personalismo del matrimonio presidencial, ni una figura que calme los espíritus que son crispados desde el oficialismo y si bien creemos que ella quiere redistribuir la riqueza que el modelo kirchnerista concentra en manos de la burguesía industrial extranjerizada, creemos que ella pretende hacerlo a favor de la oligarquía terrateniente y no en beneficio de las mayorías populares; según nuestro parecer hace tiempo que la Dra. Carrió abandonó los ideales que defendió en algún momento para ser la representante de la otra parte de los sectores del privilegio.
Sabemos que existen muchos militantes y dirigentes muy valiosos que se quedan dentro del partido para dar la pelea, les deseamos éxito en la tarea, lamentablemente nosotros no podemos acompañarlos en dicho emprendimiento, ya que nuestras fuerzas están gastadas; para ser una línea interna nos hubiésemos quedado en el radicalismo.
Con la tranquilidad de haber hecho todo lo humanamente posible para hacer conocido al partido, mientras que otros se empecinaban en mimetizarlo con la Coalición Cívica; con la seguridad que nos brinda el haber expresado en cada oportunidad que tuvimos la necesidad de reglas claras de participación, mientras muchos se beneficiaban con la desorganización organizada; con la fortaleza que nos brinda la construcción territorial, aunque los que pululaban por la calle Riobamba momentáneamente se hayan elevado más alto; con la serenidad que nos brinda el hecho de haber brindado siempre la discusión ideológica, aunque para algunos ese tema “no fuese importante” mientras que con otros directamente diferíamos por completo en cuanto a que sectores debíamos representar; con la firmeza de nuestras convicciones, que nos llevan a ser coherentes, consecuentes y consistentes, decimos: A partir del día de la fecha, renunciamos a nuestra afiliación al partido GEN.
Estas cosas quisimos plantearlas personalmente, pero los tiempos políticos impidieron que fuésemos recibidos por los dirigentes del partido luego de las elecciones del 28 de junio.
Como sentenciara Leandro Alem “No abandonar los principios, para seguir a los hombres”, nosotros seguimos con nuestros principios, sólo el tiempo sabrá si optamos por la decisión correcta.
Sin otro particular, saludan muy atentamente.
Laura Borelli; Adrián Cravero; Marcelo Luna; Alberto Mercado; Alejandra Pignataro; siguen las firmas….
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