Discurso pronunciado por la Concejal Alejandra Pignataro en la sesión extraordinaria el 23 de marzo en el HCD de Merlo
Lamentablemente para muchos hombres y mujeres de nuestro país, el 24 de marzo será simplemente un día para descansar de las agobiantes jornadas laborales a las que son sometidos. Más lamentable aún es que para la mayoría de los jóvenes será un día para “safar” de la escuela. Pocos somos los que realmente tomamos conciencia de lo que significó esa fecha para nuestro país, cuando hace 33 años, la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia derrocaba al gobierno constitucional de Isabel Perón.
Pero para los más jóvenes, cabe aclarar que el terrorismo de Estado no empezó con la dictadura militar, sino cuando desde el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega enviaba a un grupo paramilitar denominado Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) a realizar atentados contra militantes del campo popular, antesala de lo que seria la dictadura posterior; el primer atentado fue al Senador Nacional Radical Hipólito Solari Yrigoyen que milagrosamente salvó su vida; también figuraban en su “lista negra” el dirigente sindical clasista Agustín Tosco; el Diputado Nacional Peronista Rodolfo Ortega Peña entre tantos otros militantes que aunque desde distintas expresiones políticas; gremiales; sociales; etc., tenían un mismo objetivo que era la Liberación Nacional y Social.
Pero no quiero desviarme, así que volveré al tema del 24 de marzo.
No tiene sentido recordar esta fecha si no somos capaces de analizar las causas que le dieron origen.
El levantamiento militar no fue un hecho casual, ni improvisado y mucho menos aislado. Fue parte de un plan diseñado para toda América Latina por el imperialismo yanqui, denominado “Doctrina de Seguridad Nacional”, que tenia como fin terminar con todos aquellos “subversivos” que soñaban con una sociedad sin explotadores ni explotados, para mantener sus privilegios frutos del sistema capitalista.
Con el secuestro y desaparición de personas, la tortura, la censura y el asesinato, las clases dominantes, no pretendían eliminar solamente a los “guerrilleros”, sino eliminar toda la estructura social de nuestro país. Estructura social que se sustentaba en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y de leyes de justicia social que fueron sancionadas sobre todo en los tres primeros años del primer gobierno peronista y el gobierno radical del Dr. Arturo Illia.
Y este es un punto central, ya que si bien las dictaduras latinoamericanas de los 60 y 70 fueron violentas, en nuestro país la violencia fue exponencialmente mayor debido a que nuestra sociedad era una de las más igualitarias de América Latina y debían extirpar de la memoria de nuestro pueblo todas esos derechos económicos, gremiales, sociales y políticos del que todavía gozaban las mayorías populares.
Algún joven podrá preguntar si no fue demasiada la violencia para solamente modificar un modelo económico.
La respuesta es no.
Lo que pasó es que los sectores dominantes realmente veían peligrar sus privilegios, ya que existía un proceso de concientización en las mayorías populares que llevaba a la unidad en la diversidad: obreros y estudiantes; profesionales progresistas e intelectuales orgánicos; campesinos arrendatarios y pequeños productores agropecuarios; pequeños productores industriales y cooperativistas. Todos confluían en actos callejeros en donde ya se hablaba del socialismo, lamentablemente antes que madurara esa unidad y se pudiera expresar en una alternativa electoral, vino el golpe del 76, para frenar ese proceso, para eliminar las condiciones socioeconómicas que permitían esa unidad.
Es cierto que los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos eran peronistas…; socialistas; comunistas; democristianos; radicales; etc.; pero todos tenían algo en común, todos aspiraban a construir una nueva sociedad, mucho más justa; mucho más fraterna y mucho más igualitaria y no dieron su vida para incrementar la desigualdad; fortalecer la burguesía nacional y construir un capitalismo serio como algunos cínicos quieren hacernos creer.
Por todo esto, no existe mejor homenaje para todos ellos que levantar sus banderas, recuperar sus sueños y luchar para construir una nueva sociedad.
En primer instancia quiero recordar a los desaparecidos de Merlo: Elsa Fernández; Héctor Giordano; Maria Iannotti; Antonio Potenza; Aída Sanz Fernández; Laura Segarra, entre otros.
Pero también quiero recordar muy especialmente a Mario Abel Amaya; Sergio Karakachoff y Rodolfo Walsh.
Por último, quiero decir que mientras Jorge Julio López no aparezca con vida, los argentinos no podremos volver a decir ¡NUNCA MÁS!
lunes, 23 de marzo de 2009
miércoles, 11 de marzo de 2009
NO A LOS TARIFAZOS
No a los tarifazos
La Concejal Alejandra Pignataro (GEN), presentó un Proyecto de Resolución adhiriendo al Proyecto de Ley que presentó la Diputada Nacional Virginia Linares para que se dejen sin efectos los aumentos de las tarifas de gas y electricidad aplicados por las empresas privatizadas y autorizados por el Gobierno Nacional.
Consultada sobre el tema, la Concejal Pignataro expresó "varios vecinos me han venido a ver por este tema, en primera instancia iniciamos una camapaña de recoleccion de firmas en contra del tarifazo para entregarcelas a las Asociaciones de Consumidores que vienen luchando por este tema". Con respecto a las declaraciones de los miembros de ADECUA sostuvo "si es verdad que quieren empezar a distribuir la riqueza, no es el consumo de energía electrica lo que determina el poder adquisitivo de los ciudadanos; que graven la renta financiera; que reimplanten el impuesto a la herencia; que aumenten los impuestos a las rentas no ganadas con la labor personal y que eliminen el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos y ahí si se estaría generando mayor equidad". Además agregó "el tarifazo no es el problema, sino la consecuencia del modelo privatizador que llevó adelante el PJ en los años noventa y que enejenó las empresas energeticas" lo que generó "que los servicios públicos dejaran de ser considerados derechos sociales y se convirtieran en mercancias sujetas a las rglas del mercado, que en condiciones monopolicas les brindaron grandes ganancias a las empresas y que en vez dee reinvertilas en el país se llevaron las divisas al extrabjero", por último la jóven edil sostuvo "luchar contra el tarfizó es la coyuntura, pero la lucha de fondo debe ser recuperar los recursos energeticos como viene promoviendo la FeTERA-CTA junto a otras organizaciones como el MORENO y que quedó absolutamente demostrada su posibilidad cuando hay voluntad polítca, tal es el caso del hermano pueblo boliviano"
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Visto: El Expediente 69- D- 2008, sobre derogación de la Resolución N° 415/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias, y;
Considerando:
Que la aplicación del PURE tuvo como objetivo fundamental, de acuerdo a lo expuesto en la Resolución Nº 415/04, propender a un uso racional de la energía, teniendo en cuenta que en su mayoría la misma proviene de recursos naturales no renovables. Con tal objeto se impuso a los usuarios la adopción de conductas conservativas en el uso de la energía eléctrica, quienes debieron redecir su consumo de gas natural y electricidad con relación a sus consumos de iguales períodos del año 2003, incentivando el ahorro para generar excedentes que puedan ser utilizados para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios que, como las industrias, veían incrementadas sus necesidades de energía, producto del crecimiento del nivel de actividad económica registrado desde el año 2003.
Que a tal fin se implementó el referido Programa, basado en el establecimiento de incentivos y cargos adicionales por excedentes de consumo, “aplicables sobre aquellos usuarios a los cuales el Estado nacional ha privilegiado, excluyéndolos de los ajustes del precio de la energía eléctrica y del gas natural”. Este resultaba ser el argumento principal esgrimido por parte de la Secretaría de Energía de la Nación al momento de justificar la creación del PURE, argumento que, más allá de la discusión de su veracidad, justifica ampliamente la eliminación del mismo, considerando los incrementos tarifarios registrados en las últimas facturas tanto del servicio público de energía eléctrica como de gas natural.
Que en la práctica la implementación del PURE ha generado graves perjuicios a los usuarios, ya que en barrios carenciados, con poco o ningún desarrollo de infraestructura, las facturas ha pagar llegaron con incrementos del 400%, 800%. Grupos familiares de escasos ingresos que hacían uso de un solo medidor, con una facturación de $400, a la vigencia del ilegal incremento les tocaría pagar más de $3600, cosa imposible desde todo punto de vista.
Que en el caso del servicio público de gas natural, el Gobierno Nacional autorizó tales aumentos a través de las Resoluciones Nº 1070/08 y 1417/08 de la Secretaría de Energía (la primera con vigencia a partir del 1º de Septiembre y la segunda a partir del 1º de Noviembre), a lo que se debe sumar un recargo (Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional) destinado a financiar las importaciones de gas natural (ante la declinación de la producción local y el aumento del consumo) desde Bolivia y de gas licuado que ingresa, para su posterior regasificación, a través de buques metaneros provenientes de Trinidad y Tobago, y que se encuentran operando desde junio de 2008 en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Que por el lado del servicio público de energía eléctrica también se suman los aumentos registrados en las tarifas finales de los usuarios residenciales cuyos consumos superen los 1000/kwh/bimestre, aumentos autorizados a través de la Resolución Nº 1169/08 de la Secretaría de Energía, así como por la Resolución
628/08 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Vale aclarar, como bien destaca el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino, en los fundamentos de la demanda judicial de nulidad que interpusiera con el objeto de que se suspenda la ejecución de las resoluciones impuganadas hasta tanto no se dictamine sobre la legitimidad de las mismas (causa 15/2009 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso-Administrativo Federal No. 9).
Que el Dr. Mondino enumera una serie de casos que estarían dando cuenta del error de la implementación del PURE, a saber: quien tiene elevado consumo por necesitar de la electricidad para el mantenimiento de su salud, quienes por vivir en zonas que no disponen de los servicios básicos (por ej. agua corriente o gas natural) deben consumir energía eléctrica para la satisfacción de necesidades elementales, quienes por una necesidad estacional aumentaron su consumo en pocos significativos Kwh, pero superaron los 1.000 kwh, etc.
Que resulta injusto que ante el evidente fracaso del sistema privatizador, situación que se viene tratando de disimular desde comienzos de este siglo, sean solo los usuarios finales los que deban seguir solventando los desequilibrios del mercado.
Que estas medidas que continúan hostigando al consumidor, que no sólo le generan serios perjuicios sino que ni siquiera solucionan la cuestión de fondo, lo que hace a los mismos más injustificables aún.
Que las tarifas de los servicios suministrados por las empresas distribuidoras de energía deben ser ofrecidas a precios justos y razonables, asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios, así como también, garantizando la seguridad del abastecimiento. Este principio es un pilar que se encuentra establecido por las leyes Nº 24.076 -Marco Regulatorio de Gas Natural- y Nº 24.065 -Régimen de la Energía Eléctrica-, que expresamente consagran, dentro de los derechos de los usuarios, que se les facturen sus consumos de energía en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos las tarifas contenidas en los cuadros aprobados por la Autoridad de Aplicación, es decir, la facturación de los consumos no puede ser aplicada a consumos ya efectuados sino a la tarifa vigente al momento de efectuarlos (principio de seguridad jurídica).
Que aquí se vulneró un derecho básico, que es dar información oportuna y precisa a los consumidores para que ajusten su consumo, quienes se enteraron de la nueva disposición con la factura en la mano. Esto atenta contra el sentido primordial del PURE, que es el de incentivar un consumo racional de la energía.
Que desde su creación nunca se realizaron extendidas campañas de difusión de los objetivos, beneficios y recargos que el PURE establece, con pautas claras, definidas de antemano (fundamentalmente antes de la temporada invernal en el caso del consumo de gas, y del verano para el caso de la electricidad) e inamovibles. Es imposible adecuar la conducta a prescripciones confusas, contradictorias y cambiantes. Como repiten constantemente las diferentes asociaciones de consumidores: no es posible evitar lo que no se conoce, por lo que el único escenario posible es la multa.
Que no se le ha dado a los afectados la posibilidad de efectuar audiencias públicas que morigeren el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores cautivos, y que garanticen la transparencia en la resolución de las cuestiones que afecten a los usuarios.
Que en el caso del gas natural la Ley Nº 24.076 -Marco Regulatorio de Gas Natural- establece, también en su artículo 46, que “Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.
Que no es cierto que no ha habido por años aumentos en las tarifas. En la práctica se han ido incrementando encubiertamente con diversas justificaciones como cargos específicos, fideicomisos, el mismo PURE, entre otros. Los usuarios tienen que afrontar tarifas superiores por no consumir energía -ya sea eléctrica o gas natural- en forma regular, por consumir poca, o por consumir de más respecto de un período elegido arbitrariamente como de referencia. Es decir, siempre, hagan lo que hagan, pagan castigos al consumo, y lo hacen por un sistema que presta los servicios en condiciones deficientes e inseguras.
Por todo lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, en uso de las facultades que le son propias sanciona con fuerza de:
RESOLUCIÓN
Artículo 1°: Expresase este cuerpo adhiriendo al Proyecto de Ley sobre derogación de la Resolución N° 415/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias.
Artículo 2°: Comuníquese a ambas Cámaras del Honorable Congreso de Nación, al Departamento Ejecutivo Nacional, a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, a quien corresponda y cumplido archívese.
Artículo 3°: De forma.-
La Concejal Alejandra Pignataro (GEN), presentó un Proyecto de Resolución adhiriendo al Proyecto de Ley que presentó la Diputada Nacional Virginia Linares para que se dejen sin efectos los aumentos de las tarifas de gas y electricidad aplicados por las empresas privatizadas y autorizados por el Gobierno Nacional.
Consultada sobre el tema, la Concejal Pignataro expresó "varios vecinos me han venido a ver por este tema, en primera instancia iniciamos una camapaña de recoleccion de firmas en contra del tarifazo para entregarcelas a las Asociaciones de Consumidores que vienen luchando por este tema". Con respecto a las declaraciones de los miembros de ADECUA sostuvo "si es verdad que quieren empezar a distribuir la riqueza, no es el consumo de energía electrica lo que determina el poder adquisitivo de los ciudadanos; que graven la renta financiera; que reimplanten el impuesto a la herencia; que aumenten los impuestos a las rentas no ganadas con la labor personal y que eliminen el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos y ahí si se estaría generando mayor equidad". Además agregó "el tarifazo no es el problema, sino la consecuencia del modelo privatizador que llevó adelante el PJ en los años noventa y que enejenó las empresas energeticas" lo que generó "que los servicios públicos dejaran de ser considerados derechos sociales y se convirtieran en mercancias sujetas a las rglas del mercado, que en condiciones monopolicas les brindaron grandes ganancias a las empresas y que en vez dee reinvertilas en el país se llevaron las divisas al extrabjero", por último la jóven edil sostuvo "luchar contra el tarfizó es la coyuntura, pero la lucha de fondo debe ser recuperar los recursos energeticos como viene promoviendo la FeTERA-CTA junto a otras organizaciones como el MORENO y que quedó absolutamente demostrada su posibilidad cuando hay voluntad polítca, tal es el caso del hermano pueblo boliviano"
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Visto: El Expediente 69- D- 2008, sobre derogación de la Resolución N° 415/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias, y;
Considerando:
Que la aplicación del PURE tuvo como objetivo fundamental, de acuerdo a lo expuesto en la Resolución Nº 415/04, propender a un uso racional de la energía, teniendo en cuenta que en su mayoría la misma proviene de recursos naturales no renovables. Con tal objeto se impuso a los usuarios la adopción de conductas conservativas en el uso de la energía eléctrica, quienes debieron redecir su consumo de gas natural y electricidad con relación a sus consumos de iguales períodos del año 2003, incentivando el ahorro para generar excedentes que puedan ser utilizados para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios que, como las industrias, veían incrementadas sus necesidades de energía, producto del crecimiento del nivel de actividad económica registrado desde el año 2003.
Que a tal fin se implementó el referido Programa, basado en el establecimiento de incentivos y cargos adicionales por excedentes de consumo, “aplicables sobre aquellos usuarios a los cuales el Estado nacional ha privilegiado, excluyéndolos de los ajustes del precio de la energía eléctrica y del gas natural”. Este resultaba ser el argumento principal esgrimido por parte de la Secretaría de Energía de la Nación al momento de justificar la creación del PURE, argumento que, más allá de la discusión de su veracidad, justifica ampliamente la eliminación del mismo, considerando los incrementos tarifarios registrados en las últimas facturas tanto del servicio público de energía eléctrica como de gas natural.
Que en la práctica la implementación del PURE ha generado graves perjuicios a los usuarios, ya que en barrios carenciados, con poco o ningún desarrollo de infraestructura, las facturas ha pagar llegaron con incrementos del 400%, 800%. Grupos familiares de escasos ingresos que hacían uso de un solo medidor, con una facturación de $400, a la vigencia del ilegal incremento les tocaría pagar más de $3600, cosa imposible desde todo punto de vista.
Que en el caso del servicio público de gas natural, el Gobierno Nacional autorizó tales aumentos a través de las Resoluciones Nº 1070/08 y 1417/08 de la Secretaría de Energía (la primera con vigencia a partir del 1º de Septiembre y la segunda a partir del 1º de Noviembre), a lo que se debe sumar un recargo (Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional) destinado a financiar las importaciones de gas natural (ante la declinación de la producción local y el aumento del consumo) desde Bolivia y de gas licuado que ingresa, para su posterior regasificación, a través de buques metaneros provenientes de Trinidad y Tobago, y que se encuentran operando desde junio de 2008 en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Que por el lado del servicio público de energía eléctrica también se suman los aumentos registrados en las tarifas finales de los usuarios residenciales cuyos consumos superen los 1000/kwh/bimestre, aumentos autorizados a través de la Resolución Nº 1169/08 de la Secretaría de Energía, así como por la Resolución
628/08 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Vale aclarar, como bien destaca el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino, en los fundamentos de la demanda judicial de nulidad que interpusiera con el objeto de que se suspenda la ejecución de las resoluciones impuganadas hasta tanto no se dictamine sobre la legitimidad de las mismas (causa 15/2009 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso-Administrativo Federal No. 9).
Que el Dr. Mondino enumera una serie de casos que estarían dando cuenta del error de la implementación del PURE, a saber: quien tiene elevado consumo por necesitar de la electricidad para el mantenimiento de su salud, quienes por vivir en zonas que no disponen de los servicios básicos (por ej. agua corriente o gas natural) deben consumir energía eléctrica para la satisfacción de necesidades elementales, quienes por una necesidad estacional aumentaron su consumo en pocos significativos Kwh, pero superaron los 1.000 kwh, etc.
Que resulta injusto que ante el evidente fracaso del sistema privatizador, situación que se viene tratando de disimular desde comienzos de este siglo, sean solo los usuarios finales los que deban seguir solventando los desequilibrios del mercado.
Que estas medidas que continúan hostigando al consumidor, que no sólo le generan serios perjuicios sino que ni siquiera solucionan la cuestión de fondo, lo que hace a los mismos más injustificables aún.
Que las tarifas de los servicios suministrados por las empresas distribuidoras de energía deben ser ofrecidas a precios justos y razonables, asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios, así como también, garantizando la seguridad del abastecimiento. Este principio es un pilar que se encuentra establecido por las leyes Nº 24.076 -Marco Regulatorio de Gas Natural- y Nº 24.065 -Régimen de la Energía Eléctrica-, que expresamente consagran, dentro de los derechos de los usuarios, que se les facturen sus consumos de energía en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos las tarifas contenidas en los cuadros aprobados por la Autoridad de Aplicación, es decir, la facturación de los consumos no puede ser aplicada a consumos ya efectuados sino a la tarifa vigente al momento de efectuarlos (principio de seguridad jurídica).
Que aquí se vulneró un derecho básico, que es dar información oportuna y precisa a los consumidores para que ajusten su consumo, quienes se enteraron de la nueva disposición con la factura en la mano. Esto atenta contra el sentido primordial del PURE, que es el de incentivar un consumo racional de la energía.
Que desde su creación nunca se realizaron extendidas campañas de difusión de los objetivos, beneficios y recargos que el PURE establece, con pautas claras, definidas de antemano (fundamentalmente antes de la temporada invernal en el caso del consumo de gas, y del verano para el caso de la electricidad) e inamovibles. Es imposible adecuar la conducta a prescripciones confusas, contradictorias y cambiantes. Como repiten constantemente las diferentes asociaciones de consumidores: no es posible evitar lo que no se conoce, por lo que el único escenario posible es la multa.
Que no se le ha dado a los afectados la posibilidad de efectuar audiencias públicas que morigeren el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores cautivos, y que garanticen la transparencia en la resolución de las cuestiones que afecten a los usuarios.
Que en el caso del gas natural la Ley Nº 24.076 -Marco Regulatorio de Gas Natural- establece, también en su artículo 46, que “Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.
Que no es cierto que no ha habido por años aumentos en las tarifas. En la práctica se han ido incrementando encubiertamente con diversas justificaciones como cargos específicos, fideicomisos, el mismo PURE, entre otros. Los usuarios tienen que afrontar tarifas superiores por no consumir energía -ya sea eléctrica o gas natural- en forma regular, por consumir poca, o por consumir de más respecto de un período elegido arbitrariamente como de referencia. Es decir, siempre, hagan lo que hagan, pagan castigos al consumo, y lo hacen por un sistema que presta los servicios en condiciones deficientes e inseguras.
Por todo lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, en uso de las facultades que le son propias sanciona con fuerza de:
RESOLUCIÓN
Artículo 1°: Expresase este cuerpo adhiriendo al Proyecto de Ley sobre derogación de la Resolución N° 415/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias.
Artículo 2°: Comuníquese a ambas Cámaras del Honorable Congreso de Nación, al Departamento Ejecutivo Nacional, a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, a quien corresponda y cumplido archívese.
Artículo 3°: De forma.-
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