lunes, 8 de marzo de 2010
domingo, 7 de marzo de 2010
La Concejal Alejandra Pignataro en Radio Continental
La Concejal Alejandra Pignataro (Partido Socialista) participó del Programa "La voz de la noche" de Radio Continental; conducido por Mariló López Garrido en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
http://www.continental.com.ar/programa.aspx?id=742901&nprm=Hn1Ti7OfHMcs7MTp3g07n8Yais7Cj4Jw3UVuphfdXeKjWuOR%2bhtsMUL6kM9fr%2bZW
http://www.continental.com.ar/programa.aspx?id=742901&nprm=Hn1Ti7OfHMcs7MTp3g07n8Yais7Cj4Jw3UVuphfdXeKjWuOR%2bhtsMUL6kM9fr%2bZW
domingo, 31 de enero de 2010
A un año de la desaparición de Luciano Arriga
Por Claudia Cesaroni
(APe).- Lo primero que hay que definir es el tiempo verbal que se va a utilizar. ¿Se escribe, por ejemplo: “Luciano tenía 16 años…”, o se prefiere: “Luciano tiene 17 años”? En la noche del 30 al 31 de enero de 2009, Luciano Nahuel Arruga tenía 16 años. Esa fue la última vez que su mamá lo vio, cuando la saludó porque iba a salir un rato, y ella le dijo como casi universalmente les dicen las madres a sus hijos adolescentes: Ojo, eh? Portate bien…; y Luciano le respondió lo que casi universalmente responden los hijos adolescentes: Sí, má. Quedate tranquila, está todo bien.
Y nunca más lo vi, dice su mamá.
A partir de allí, empiezan las dificultades con los tiempos verbales.
Hace un año y unos días que ni la madre de Luciano, ni su hermana Vanesa, ni el resto de su familia, ni sus amigos del barrio, saben dónde está. Quién quiera puede visitar la página lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com Allí se explica con precisión cómo Luciano había sido tentado por la policía para robar; cómo había sido golpeado en el Destacamento de Lomas del Mirador, un lugar con aspecto de casa de barrio, donde lo tuvieron detenido ilegalmente durante horas en una cocina, en setiembre de 2008; cómo se perdieron cuarenta y cinco días preciosos, los primeros después de su desaparición, por la inacción judicial encarnada en la fiscal Roxana Castelli, luego suplantada por la fiscal Celia Cejas, que sí se orientó hacia la pista policial, pero que no encontró elementos para imputar por la desaparición de Luciano a ningún policía. Los que habían sido puestos en disponibilidad, volvieron a sus puestos por orden del ministro de seguridad Carlos Stornelli. Daniel Scioli, tan preocupado por la seguridad de los bonaerenses, jamás recibió a la familia y a los amigos de Luciano, bonaerenses que a los ojos del gobernador, parecen no alcanzar el rango de víctimas aceptables como para que decida atenderlos.
El 29 de febrero de 2009, Luciano cumplió/cumpliría 17 años. En pocos días más, Luciano alcanzará/alcanzaría, su mayoría de edad.
Pero está desaparecido. No es uno de los 30.000 de la dictadura. Es, como Jorge Julio López, un desaparecido en democracia. La desaparición de Luciano, como la de Julio López, debería ser un escándalo cotidiano, pero apenas si consigue algunas notas de aniversario, en las que ni siquiera sabemos cómo hablar de él.
Sólo repetir: Aparición con vida!
lunes, 4 de enero de 2010
Aclaración sobre los dichos de la Concejal Adriana Vera
Con respecto a las declaraciones realizadas en el Periódico Panorama Regional, en su número 1064 del 21 de diciembre de 2009, por la Concejal Adriana Vera, quiero expresar algunas aclaraciones que considero importantes, en primer lugar, que somos diez los Concejales que no pertenecemos al bloque oficialista en Merlo, pero obviamente no me voy a arrogar la representación de los demás, cada uno sabrá decir lo suyo.
En segundo lugar, nuestro espacio político, el Partido Socialista, más que como oposición, nos definimos como la alternativa de izquierda democrática a la actual gestión municipal.
En tercer lugar, es cierto que acompañé a la Concejal Vera en las dos oportunidades para que presida el HCD de Merlo (2007 y 2009), reconociendo que la mayoría del pueblo merlense acompañó al FPV- PJ con su voto, y desde lo personal no tengo ningún problema con ella, pero realmente me sorprende que la Presidente del HCD ignore los Proyectos que en los dos años de gestión he presentado, cuando expresa: “…la oposición existe pero tiene que ser oposición con propuestas y no oposición por oposición misma…” Sólo a modo de ejemplo voy a citar algunos de mis proyectos:
• Censar terrenos para la construcción de jardines de infantes.
• Libre acceso a la información pública en el Municipio de Merlo.
• Creación de un Centro de Estimulación y Atención Temprana.
• Adhesión a la Ley 13. 298 sobre Promoción y protección de lo derechos de niños y adolescentes.
• Creación del Programa de recolección y disposición final de pilas usadas.
• Creación del Concejo Deliberante Estudiantil.
• Creación del Programa Presupuesto Participativo.
• Creación de un Centro Educativo Complementario en Merlo Norte.
• Creación de un Centro de Mediación Comunitaria.
• Creación de la Institución del Defensor del Pueblo de Merlo.
Cada uno de los cuales fue girado a la comisión correspondiente y están allí esperando para su tratamiento.
En cuarto lugar, no puedo dejar de expresar mi desconcierto al leer cuando la Concejal Vera sostuvo “Han hecho pocas propuestas este año y en general, desde que me toca presidir, no son muy creativos, ni me dan a entender que conocen o recorren mucho el lugar donde viven, lo que se hace acá es representar a la gente de Merlo que los ha votado, saber escucharlos y ver cuales son las necesidades, apoyando las propuestas nuevas o presentándolas…” El desconcierto proviene del hecho que ignoraba que teníamos que hacerle a la Presidente del HCD una demostración de conocimiento de los Barrios de Merlo. Los vecinos de Pontevedra; Merlo; Parque San Martín; Mariano Acosta; San Antonio de Padua, Libertad y Merlo Norte; así como mis vecinos de Loma Grande, donde sigo viviendo, pueden dar fe de mi labor en estos dos años que llevo de Concejal, quizá para la Concejal Vera ésta sea insuficiente, pero tengo la tranquilidad de cumplir mi función Honrada y Lealmente.
Y por último cuando dice: “…ante una temática o tratamiento puntual, se dice simplemente no acompañó con el voto positivo y quedan ahí, sin fundamentar el voto negativo…” Reconozco que no soy experta en todos los temas, sumado al escaso tiempo con el que contamos en acceder a los expedientes antes de su inmediato tratamiento; en algunos casos particulares, no tuve las herramientas necesarias para debatir sobre la justificación de mi voto, no obstante ello, en mi caso, no creo que haya sido la regla, sino la excepción. Además, en estos dos años se han dado debates interesantes en el recinto y en la mayoría de ellos he participado.
Estas líneas no buscan confrontar ni debatir con la Concejal Vera, con la cual tengo una cordial relación y mutuo respeto; pero no podía dejar pasar por alto estas declaraciones suyas, porque estaría avalando con mi silencio que las cosas realmente sucedieron así.
Si sus declaraciones fueron sacadas de contexto, exageradas o malinterpretadas por los periodistas, sabrá ella que debe hacer; si por el contrario, por la emoción de la ceremonia de asunción y su ratificación por unanimidad como titular del cuerpo la Concejal Vera omitió algunos hechos y generalizó en demasía, desde mi modesta posición, estas líneas servirán para brindarle a los vecinos de Merlo otra versión sobre estos dos años en el HCD; con la total confianza que el pueblo sabrá juzgar correctamente cual es la realidad.
En segundo lugar, nuestro espacio político, el Partido Socialista, más que como oposición, nos definimos como la alternativa de izquierda democrática a la actual gestión municipal.
En tercer lugar, es cierto que acompañé a la Concejal Vera en las dos oportunidades para que presida el HCD de Merlo (2007 y 2009), reconociendo que la mayoría del pueblo merlense acompañó al FPV- PJ con su voto, y desde lo personal no tengo ningún problema con ella, pero realmente me sorprende que la Presidente del HCD ignore los Proyectos que en los dos años de gestión he presentado, cuando expresa: “…la oposición existe pero tiene que ser oposición con propuestas y no oposición por oposición misma…” Sólo a modo de ejemplo voy a citar algunos de mis proyectos:
• Censar terrenos para la construcción de jardines de infantes.
• Libre acceso a la información pública en el Municipio de Merlo.
• Creación de un Centro de Estimulación y Atención Temprana.
• Adhesión a la Ley 13. 298 sobre Promoción y protección de lo derechos de niños y adolescentes.
• Creación del Programa de recolección y disposición final de pilas usadas.
• Creación del Concejo Deliberante Estudiantil.
• Creación del Programa Presupuesto Participativo.
• Creación de un Centro Educativo Complementario en Merlo Norte.
• Creación de un Centro de Mediación Comunitaria.
• Creación de la Institución del Defensor del Pueblo de Merlo.
Cada uno de los cuales fue girado a la comisión correspondiente y están allí esperando para su tratamiento.
En cuarto lugar, no puedo dejar de expresar mi desconcierto al leer cuando la Concejal Vera sostuvo “Han hecho pocas propuestas este año y en general, desde que me toca presidir, no son muy creativos, ni me dan a entender que conocen o recorren mucho el lugar donde viven, lo que se hace acá es representar a la gente de Merlo que los ha votado, saber escucharlos y ver cuales son las necesidades, apoyando las propuestas nuevas o presentándolas…” El desconcierto proviene del hecho que ignoraba que teníamos que hacerle a la Presidente del HCD una demostración de conocimiento de los Barrios de Merlo. Los vecinos de Pontevedra; Merlo; Parque San Martín; Mariano Acosta; San Antonio de Padua, Libertad y Merlo Norte; así como mis vecinos de Loma Grande, donde sigo viviendo, pueden dar fe de mi labor en estos dos años que llevo de Concejal, quizá para la Concejal Vera ésta sea insuficiente, pero tengo la tranquilidad de cumplir mi función Honrada y Lealmente.
Y por último cuando dice: “…ante una temática o tratamiento puntual, se dice simplemente no acompañó con el voto positivo y quedan ahí, sin fundamentar el voto negativo…” Reconozco que no soy experta en todos los temas, sumado al escaso tiempo con el que contamos en acceder a los expedientes antes de su inmediato tratamiento; en algunos casos particulares, no tuve las herramientas necesarias para debatir sobre la justificación de mi voto, no obstante ello, en mi caso, no creo que haya sido la regla, sino la excepción. Además, en estos dos años se han dado debates interesantes en el recinto y en la mayoría de ellos he participado.
Estas líneas no buscan confrontar ni debatir con la Concejal Vera, con la cual tengo una cordial relación y mutuo respeto; pero no podía dejar pasar por alto estas declaraciones suyas, porque estaría avalando con mi silencio que las cosas realmente sucedieron así.
Si sus declaraciones fueron sacadas de contexto, exageradas o malinterpretadas por los periodistas, sabrá ella que debe hacer; si por el contrario, por la emoción de la ceremonia de asunción y su ratificación por unanimidad como titular del cuerpo la Concejal Vera omitió algunos hechos y generalizó en demasía, desde mi modesta posición, estas líneas servirán para brindarle a los vecinos de Merlo otra versión sobre estos dos años en el HCD; con la total confianza que el pueblo sabrá juzgar correctamente cual es la realidad.
martes, 29 de diciembre de 2009
Recuperando la memoria reciente
La Concejal Alejandra Pignataro(Partido Socialista) presentó un Proyecto de Resolución declarando de "Interés Social y Educativo" el trabajo que realizaron durante este año los estudiantes de la SB Nº 3 y la Media Nº 13 en el Marco del Programa Jóvenes y Memoria que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria.
Consultada sobre el tema, Pignataro expresó que el programa tiene por objeto "renovar la forma de enseñar y aprender Ciencias Sociales, fortaleciendo espacios curriculares ya existentes en la educación formal. Además intenta activar el proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva como forma de afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas democráticas y el compromiso cívico crítico de las nuevas generaciones. Se trata de impactar sobre la subjetividad de los jóvenes, en sus formas de percibir el presente y en la capacidad para pensarse como sujetos autónomos, concientes y responsables de sus opciones y prácticas" además señaló "en Merlo pocas han sido las investigaciones históricas del pasado reciente, por eso adquiere mayor dimensión que éstas investigaciones hayan sido realizadas por estudiantes secundarios de escuelas públicas del distrito" además, la Concejal Pignataro, que también es trabajadora de la educación remarcó "tuve el privilegio de estar presente cuando presentaron los cortos en el barrio, ver las caras de satisfacción de esos pibes por el trabajo realizado y la alegría de la comunidad educativa que los acompañó en todo" por último la Concejal socialista sostuvo "desde el HCD debemos hacer todo el esfuerzo posible para apoyar a la educación, por eso no me cabe duda que en la primer sesión ordinaria del año que viene, este Proyecto será aprobado por unanimidad" sentenció la edil.
Consultada sobre el tema, Pignataro expresó que el programa tiene por objeto "renovar la forma de enseñar y aprender Ciencias Sociales, fortaleciendo espacios curriculares ya existentes en la educación formal. Además intenta activar el proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva como forma de afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas democráticas y el compromiso cívico crítico de las nuevas generaciones. Se trata de impactar sobre la subjetividad de los jóvenes, en sus formas de percibir el presente y en la capacidad para pensarse como sujetos autónomos, concientes y responsables de sus opciones y prácticas" además señaló "en Merlo pocas han sido las investigaciones históricas del pasado reciente, por eso adquiere mayor dimensión que éstas investigaciones hayan sido realizadas por estudiantes secundarios de escuelas públicas del distrito" además, la Concejal Pignataro, que también es trabajadora de la educación remarcó "tuve el privilegio de estar presente cuando presentaron los cortos en el barrio, ver las caras de satisfacción de esos pibes por el trabajo realizado y la alegría de la comunidad educativa que los acompañó en todo" por último la Concejal socialista sostuvo "desde el HCD debemos hacer todo el esfuerzo posible para apoyar a la educación, por eso no me cabe duda que en la primer sesión ordinaria del año que viene, este Proyecto será aprobado por unanimidad" sentenció la edil.
Acuerdo por la Seguridad Democrática
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
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